La dependencia de Cataluña

La edición de Cataluña de El País se abría ayer con un artículo cuyo titular era "Un tercio de los dependientes está en lista de espera para recibir su ayuda". A continuación, desgranaba algunos datos. Uno fundamental: en Cataluña hay 73.500 personas que tienen reconocido algún grado de dependencia, pero todavía están pendientes de que se les conceda la ayuda adecuada a su caso. Es el peor índice de todas las comunidades españolas, junto con el de Canarias. Uno de esos catalanes que esperan es mi madre, que pronto cumplirá 84 años. Tras dos solicitudes infructuosas en años pasados, a la tercera, cursada en 2018, fue la vencida. Pero la evaluación médica tardó cuatro meses en practicarse (cuando me dijeron que serían tres); la resolución que le reconocía un grado II, un mes en dictarse; y el programa de atención individual (PIA) que le asigne los recursos que le sean más convenientes aún no se ha realizado, cinco meses después de la resolución (cuando me dijeron que serían, como máximo, tres). Han pasado, en total, diez meses (y dos incumplimientos de plazos) desde que, por tercera vez, solicité la ayuda prevista por la ley. Diez meses son, para un anciano, toda una vida, y en muchos casos toda una muerte: 24.751 personas han fallecido en Cataluña desde 2011 mientras se desarrollaba este proceso, más kafkiano que ninguno, sin haber llegado a percibir ayuda alguna. Que la gente se muera mientras resuelve papeles o espera a que la Administración los resuelva, simplifica, ciertamente, la cuestión. Para los responsables de Asuntos Sociales de la Generalitat de Cataluña y para la Seguridad Social, en general, sería un chollo que todos los abuelos que les reclaman algo la espicharan. Pero los abuelos son cada vez más y tienen la mala costumbre de no quererse morir. La burocracia es, en su caso, una sutil forma de eutanasia. Cuanta más burocracia, menos dependientes; cuanta más burocracia, menos gasto. La burocracia es utilísima: el pretexto perfecto para no hacer nada. Y eso por no hablar de otros datos lamentables: 27.000 personas más están, en Cataluña, a la espera de una plaza en una residencia geriátrica pública, y las listas de espera en la sanidad pública dan para otro relato siniestro. La noticia de ayer recogía también la opinión de Francesc Iglesias, secretario general de Asuntos Sociales de la Generalitat, para quien "en conjunto, hay un buen nivel de servicios y calidad". Sí, que se lo diga a mi madre, o a cualquiera de esos 73.500 catalanes que esperan a Godot. El Sr. Iglesias, no sé si cínico o ignorante, se enorgullece de su gestión, y su vanagloria me recuerda a la de aquel gobierno autonómico que felicitó al responsable de la prevención y extinción de los incendios forestales tras el más catastrófico incendio forestal de la historia de la comunidad autónoma. El Sr. Iglesias desdeña —o desconoce— la dimensión humana de la tragedia; el Sr. Iglesias no ve más allá de su nariz administrativa. No obstante, tiene explicación: el Sr. Iglesias es un cuadro de un gobierno inexistente. Porque en Cataluña no hay gobierno, ni parlamento —en el último año y medio solo se han aprobado cinco leyes, tres de ellas modificaciones de leyes anteriores—, ni presupuestos —los vigentes son los de 2017, prorrogados—, ni nada de nada. En consecuencia, tampoco hay políticas sociales. Los que mandan alegan, como siempre, que falta dinero, que la financiación es insuficiente. Pero eso es mentira, también como siempre. Quizá no haya todo el dinero que sería menester, pero el que hay, que a pesar de todo es mucho, se dedica a lo que se dedica, no a garantizar los beneficios que la ley de la dependencia otorga a los ciudadanos ni a satisfacer las necesidades de los mayores más necesitados. Los gobiernos han de priorizar, y por sus prioridades los conoceréis. Entre las de este gobierno no se encuentra aplicar la ley de la dependencia. Un gobierno decente y responsable se preocuparía más por los catalanes de aquí y ahora, los catalanes vivos y sufrientes, dolorosamente reales, que hacen colas eternas para acceder a los servicios públicos, y menos por los habitantes ideales de una república perfecta, donde las calles manen leche y miel, y todos sean, como en el poema de Espriu, "limpios y nobles, cultos, ricos, libres, desvelados y felices". Si a ese gobierno espectral le importara de verdad su gente, se preocuparía más de la dependencia que de la independencia.